MEXICO, D.F.-- Una veintena de organizaciones indígenas y civiles hicieron un llamado a agrupaciones étnicas, campesinas y sociales a efectuar lo que ellos consideran un segundo Levantamiento Indígena por la Paz y el Reconocimiento Pleno de los Derechos de los Pueblos Indios de México.

"Se trata de sentar las bases para abrir un espacio en el que los pueblos indios tengan confianza de asistir y plantear sus propias demandas", afirma la convocatoria.

En el documento firmado por el Consejo Guerrerense 500 Años, la Nación Amuzga y el Frente de Lucha Popular, entre otros, se señala que tales movilizaciones deben estar orientadas a conseguir el objetivo de alcanzar la paz con justicia y dignidad, pero no sólo para las comunidades étnicas del estado de Chiapas, sino de todo el país.

Aunque los firmantes no precisan si tal levantamiento sería pacífico o armado, sí establecen que ello se debe a que "la reciente reforma en materia de derechos y cultura indígenas contraviene instrumentos jurídicos internacionales vigentes".

Ante la posibilidad de que surjan expresiones de descontento en el país, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, advirtió el martes que el gobierno federal no tolerará acto alguno de violencia ni protestas fuera de la legalidad.

El pronunciamiento de estas agrupaciones se produce un par de días después de que el presidente Vicente Fox promulgara la Ley de Derechos y Cultura Indígena de manera íntegra; es decir, tal y como fue redactada por los líderes legislativos de los partidos de Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) y aprobada formalmente por las dos fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión.

La controversia del asunto radica en que tal legislación ignoró absolutamente el texto redactado por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), mismo que contenía los acuerdos que sobre autonomía, derechos y justicia habían sido alcanzados hace cinco años entre delegaciones negociadoras del gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

La promulgación de esta ley ha dividido políticamente al país, a tal punto que la polémica ley sólo fue avalada por 17 congresos estatales, al margen de que los gobernadores de Oaxaca, el priísta José Murat, y el de Chiapas, el perredista Pablo Salazar, ambas entidades con densa población indígena, han interpuesto querellas constitucionales.

En el llamado a la movilización, las organizaciones convocantes califican a Fox de "racista, excluyente, hipócrita y traidor", por no haber defendido la iniciativa de la Cocopa como lo hace con su propuesta de reforma fiscal, al tiempo que le reprochan "que las fuerzas obscuras de su partido (PAN) impusieran sus criterios racistas".

Lamentan que en el proceso de la aprobación de la ley cuestionada, la Cocopa "ha sido menos que un cero a la izquierda. Su papel ha sido gris y ni siquiera ha actuado como elemento de coadyuvancia en los acontecimientos de este año, cuando la comandancia zapatista llegó a la capital de la República, después de haber recorrido 12 estados del país y de obligar a las fuerzas políticas nacionales a abrir el Congreso de la Unión a la voz de los pueblos indios".

En torno de los partidos políticos, en el documento citado se les critica "porque sólo les interesa la defensa de los derechos indígenas como mero recurso para alcanzar sus votos en las contiendas electorales".

Advierte que "el hecho de que los legisladores no consideran la importancia que para los pueblos indígenas representa la paz, es darle elementos a los grupos guerrilleros para incorporar en su agenda revolucionaria las demandas de los pueblos indígenas, y a partir de ahí generar nuevos brotes de explosión".

Por otra parte, en el seno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, legisladores del PRI y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se enfrascaron en ríspido y largo debate sobre el tema.

Todo empezó cuando Martí Batres, coordinador parlamentario perredista, subió a tribuna para pedir a los legisladores que reflexionaran sobre las consecuencias políticas y sociales de la ley indígena, y la volvieran a redactar partiendo de la propuesta de la Cocopa.

Enseguida subió el priísta Salvador Rocha Díaz para, primero, mofarse de los gobernadores Murat y Salazar por no ser abogados y sí "indigenólogos" y, segundo, para replicar a Batres que no es responsabilidad del Congreso lograr la paz en Chiapas.

Desde su curul, el panista Fernández de Cevallos, diseñador de la ley indígena, celebraba la intervención del priísta, a tal punto que lo invitó a sentarse junto a él, en la sección del PAN. Cuando Rocha Díaz llegó al lado del poderoso político del "blanquiazul", le dijo: "Está usted servido, jefe". Los reporteros captaron el detalle que revela la alianza PRI-PAN en materia indígena.

Mientras tanto, un grupo de intelectuales mexicanos aseguró que tal legislación "es ilegítima, nació muerta, y no contribuye a la conformación de un verdadero Estado democrático de derecho, por no satisfacer en toda la nación los justos requerimientos y demandas de aquellos a los que pretendidamente está dirigida: los pueblos y comunidades indígenas".

En un comunicado formado por el obispo Samuel Ruiz, Concepción Calvillo viuda de Nava y el sociólogo Pablo González Casanova, entre otros, coinciden en que "en este sentido no cumple con las condiciones acordadas para una paz justa y negociada en Chiapas y promueve situaciones de violencia en el país".

Finalmente manifiestan su preocupacción por el aumento de las acciones militares en Chiapas, por lo que expresan su "repudio a todo intento de modificar el marco jurídico que garantiza una solución pacífica y negociada en ese estado y todo intento de reactivar las órdenes de aprehensión contra los miembros del EZLN".